El juez de Rosario Marcelo Bailaque fue citado a indagatoria por el Consejo de la Magistratura y quedó cerca de ir preso

La comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación citó este jueves al juez federal de Rosario Marcelo Bailaque a realizar un descargo en términos del artículo 20, es decir una indagatoria para que se defienda antes de pedir su suspensión para un juicio político.

En votación unánime de la comisión, se aprobó una acusación del diputado del PRO Alvaro Gonzalez y se resolvió fijar audiencia para el día 17 de junio. Así se podría pasar el caso al plenario de la Magistratura a fines de junio donde se lo suspendería y le quitarían los fueros. Entonces, Bailaque debería cumplir la prisión preventiva que le dictó el juez Gonzalez Da Cruz en una causa en que se investigan relaciones con narcos y maniobras de corrupción con fondos secuestrados a un sindicato de Rosario, entre otras.

Los 3 cargos imputados al juez Bailaque en el dictamen de los consejeros Álvaro González y Alberto Maques son la relación entre Bailaque, el contador Gabriel Mizzau y el narco Esteban Alvarado, su entorno y su entramado societario.

Otro es la coordinación entre Bailaque, el financista Fernando Whpei y el ex titular de la AFIP de Santa Fe Carlos Vaudagna para perjudicar a al empresario Iglesia a través de la creación de una falsa causa penal cuando estaba por ser ascendido al directorio de San Cristóbal Seguro.

Y la tercera es la relación de amistad entre Whpei y Bailaque que habría afectado la imparcialidad de Bailaque que benefició a la financiera del primero, otro con prisión preventiva en la causa.

La acusación recuerda que los fiscales señalaron que, entre los años 2013 y 2015, Bailaque “obstaculizó la investigación penal, al no autorizar medidas de prueba cruciales para investigar al referido Alvarado, en el ámbito de la Justicia Federal”, en base a una denuncia original de la diputada socialista Lionella Cattalini.

Los tres cargos contra el juez

En concreto, se aseguró que “al menos, tres oportunidades, el Dr. Bailaque, en su carácter de juez en la citada causa n° 5433/2013, habría denegado requerimientos de intervención, impidiendo, a su juicio, el avance de una investigación”, dice la acusación a la que accedió Clarín.

En resumen sobre sus vínculos con el clan Alvarado, la acusación señala que Bailaque investigaba en el juzgado a su cargo el entramado societario de las empresas de Alvarado y su entorno y no se excusó pese a compartir del contadora. El clan Alvarado es la banda rival de Los Monos en el narcotráfico de Rosario.

“ Bailaque separaba las causas de Alvarado en distintas secretarías, que, según declaraciones transcriptas, actuaban en compartimentos estancos, por lo que tal situación impediría relacionarse entre sí”, agregó.

Además, había “una amistad cercana de Marcelo Bailaque con Gabriel Mizzau (atento haber sido compañeros de colegio, cantidad de comunicaciones entre ambos, fotografías acompañadas, haber nombrado a su hijo para prestar funciones en el juzgado a su cargo, etc.)”, añade.

En su su indagatoria, Bailaque itió que el ex titular de la AFIP de Santa Fe Carlos Vaudagna concurrió “al quincho del edificio donde él vive, a encuentros sociales o con amigos, organizados por él”. Además, en el mes de abril de 2024, viajaron a Chile Bailaque, su cónyuge y Fernando Whpei y una persona más, lo que da dimensión de la cercanía de la relación entre el juez y el financista.

Del análisis integral de estas pruebas, “es posible concluir que el juez Bailaque ha incurrido, prima facie, en conductas que afectan gravemente el desempeño funcional exigido por la Constitución Nacional”.

Así el magistrado “intervino de manera sistemática e indebida en causas judiciales en trámite en otras jurisdicciones, formulando solicitudes directas a funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación para obtener beneficios indebidos a favor de personas con procesos penales en curso”.

Específicamente, “utilizó su condición de juez federal para interferir ante autoridades istrativas y judiciales con el fin de lograr el sobreseimiento, el archivo de actuaciones, o bien el otorgamiento de beneficios procesales, invocando relaciones personales o institucionales, sin justificar esas gestiones en ningún interés funcional legítimo”, agregó.

En otra parte, los fiscales investigan hechos en los que Bailaque habría dispuesto el desbloqueo de fondos judicialmente inmovilizados, que fueron transferidos a una entidad financiera perteneciente a su amigo Fernando Whpei. Eran de la Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada San Martin, que dirigía el sindicalista de los portunarios Hermes “Vino Caliente” Juarez y había sido intervenida en una causa por corrupción. El juez permitió que fondos bloqueados de la ccoperativa por un monto aproximado de $150.000.000 pasaran a la financiera de Whpei.

El financista es el presidente del Grupo Unión de Rosario y la Mutual de Jubilados Retirados y Pensionados de la Provincia.

En concreto, se encuentra prima facie probado que Bailaque “intervino en causas judiciales que beneficiaron económicamente y procesalmente a Fernando Whpei, con quien mantenía una relación personal estrecha y vínculos económicos directos, sin revelar ni excusarse por dichos vínculos”.

Se trata de decisiones judiciales “relevantes, como el desbloqueo de fondos judiciales en favor de sociedades vinculadas a Whpei y la permanencia del juez en expedientes en los que aquel estaba penalmente denunciado, pese a los pedidos de apartamiento. Todo ello mientras mantenía con Whpei una relación de amistad fluida, viajes compartidos y un contrato de alquiler por el cual recibía pagos periódicos y sostenidos”, finaliza la acusación del diputado Alvaro Gonzalez.

Se lo acusa de haber incurrido en alguna de las causales de remoción previstas en la Constitución Nacional y en la ley 24.937 y sus modificatorias. Es decir, los supuestos de mal desempeño de sus funciones como juez, teniendo en cuenta las presentaciones que dan inicio a este expediente y a las pruebas incorporadas en consecuencia.