La escuela tiene alto valor en toda la escala social

La política social del Gobierno, según últimos estudios, ha priorizado fortalecer los recursos destinados a la infancia en detrimento de los planes que recibían jóvenes pobres a partir de los 18 años.

Una primera lectura de esa decisión en un contexto de escasez indicaría cierta justicia toda vez que estos últimos ya estarían en condiciones de generar sus propios recursos. Pero la realidad destruye ese razonamiento toda vez que estos jóvenes nunca recibieron el beneficio de una educación de calidad que les permitiera cierta autonomía para iniciar su vida adulta.

El Gobierno debe saber que, a pesar de que la ley nacional 26206 del año 2006 estableció la obligación del Estado de garantizar los recursos para que exista un piso de calidad e igualdad educativa, esta no se cumplió ni siquiera durante el período kirchnerista que la sancionó. ¿Y saben por qué? Porque para aplicar su capítulo de igualdad educativa deberían dejar en suspenso el Estatuto del Docente.

Para facilitar la fuente, transcribo los artículos a los que me refiero:

Artículo 80.- Las políticas de promoción de la igualdad educativa deberán asegurar las condiciones necesarias para la inclusión, el reconocimiento, la integración y el logro educativo de todos/as los/as niños/as, jóvenes y adultos en todos los niveles y modalidades, principalmente los obligatorios. El Estado asignará los recursos presupuestarios con el objeto de garantizar la igualdad de oportunidades y resultados educativos para los sectores más desfavorecidos de la sociedad. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, proveerá textos escolares y otros recursos pedagógicos, culturales, materiales, tecnológicos y económicos a los/as alumnos/as, familias y escuelas que se encuentren en situación socioeconómica desfavorable.

Artículo 83.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las autoridades jurisdiccionales diseñarán estrategias para que los/as docentes con mayor experiencia y calificación se desempeñen en las escuelas que se encuentran en situación más desfavorable.

El Estatuto vigente en la mayoría de las provincias le da prioridad y libertad a cada docente para elegir la escuela en la que quiere trabajar, y también salir de ella y presentarse para un cargo en otra escuela, o trabajar en varias a la vez. Esto significa que las autoridades educativas no pueden disponer del armado de la planta docente de una escuela ni su dirección.

El resultado es un sector anárquico, sin instrumentos para el gobierno de su personal y la calidad de su trabajo, además de poco transparente. ¿Se imaginan trasladar este sistema al sector privado, ya sea en educación o entre empresas industriales o de servicios? Sin embargo, en la educación estatal se lo interpreta como un derecho más de los docentes.

Esta situación de desgobierno no solamente afecta a las poblaciones más carenciadas, sino a todo el servicio. No es casual el corrimiento creciente de la matrícula al sector privado, solo por su regularidad y orden, el que logran muchas veces con los mismos docentes estatales.

La escuela es un ámbito fundamental y organizador de la vida de las familias y tiene un impacto determinante en el futuro de los jóvenes. El 60% de los niños y jóvenes de nuestro país son pobres. El 40% de los jóvenes del Conurbano Bonaerense vive en barrios vulnerables. En un estudio reciente del CIAS y Fundar en barrios populares del AMBA, entre jóvenes de 16 a 24 años, es recurrente la frase: “quiero ser alguien en la vida”. El 90% de ellos valora el estudio y el 40% desea completarlos en el nivel superior, sin embargo, la estadística dice que el 59% de los jóvenes entre 19 y 24 años no terminó la secundaria.

Ellos mismos describen las causas del fracaso: la escuela es un lugar aburrido al que faltan porque no les da ganas asistir, está atravesada por la violencia, está vacía ya que es frecuente la suspensión de clases, “están las escuelas donde se va a estudiar” (generalmente destacan las técnicas y las privadas) y las que se va a “boludear”, “no hay buenos docentes que se presenten o no hay profesores para las materias y recién los asignan en el segundo cuatrimestre”, “un lugar vacío, los pibes faltan y los profes también”, “la escuela está cerca de lugares donde se corre peligro…hay mucha droga”.

En síntesis, cuidado señor Presidente, no hay lugar para políticas que vayan por la destrucción de las instituciones altamente valoradas en toda la escala social. Estamos en una situación de alta gravedad en la que se impone declarar la “emergencia educativa” y legislar la suspensión del Estatuto Docente en lo relativo a la conformación de las plantas orgánicas de las escuelas, y arbitrar las medidas que comiencen a reparar la profunda inequidad y mala calidad del servicio, comenzando por los sectores más desfavorecidos. Se juega en esta decisión nuestro sueño de una sociedad integrada y pacífica.

Susana Decibe es socióloga. Ex ministra de Educación de la Nación.