Con el decreto de baja en los aportes patronales, el Gobierno puso en alerta a la CGT: hablan de un operativo “cerrojo” a Sturzenegger

De manera sorpresiva, el Poder Ejecutivo publicó este miércoles en el Boletín Oficial un decreto que establece que las empresas no estarán más obligadas a financiar a las cámaras patronales con aportes o contribuciones compulsivas. La medida, ideada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dejó en estado de alerta a la CGT: en su conducción temen que el Gobierno ahora intente avanzar sobre los gremios. Puntualmente la eliminación de las cuotas solidarias, caja clave para todos los sindicatos.

Dato clave: en la conducción cegetista se enteraron del decreto tras su publicación en el Boletín Oficial.

"Hay que ponerle un límite" a Sturzenneger, dijo a Clarín un importante dirigente de la CGT. "Hay que controlar a la bestia. Tenemos que trabajar políticamente para lograr un operativo cerrojo sobre Sturzenneger", completó otro jefe cegetista.

En una cámara empresaria dijeron a Clarín que, por como está redactado, el decreto obviamente impacta en muchas cámaras empresarias pero también tendría alcance en algunos gremios debido a que pone fin a la cuota mensual por "capacitación".

Este tipo de acuerdos por "capacitación" existe entre las cámaras empresarias mercantiles y el sindicato de Comercio y la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA) y la UOM. También existiría en la actividad del plástico, según las fuentes consultadas.

Entre sindicalistas interpretaban que la medida fue pensada para golpear a Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Pero en la entidad lo rechazaron: "Para nada, es una medida general. Nos citan de ejemplo porque somos más famosos", se limitaron a decir en la cámara patronal.

Según versiones, los directivos de CAC y CAME se reunirán este jueves para decidir qué hacer. Se habla de la presentación de un amparo judicial.

El decreto hace caer el aporte obligatorio de los empleadores del 0,50% del salario inicial de un trabajador de la categoría inicial Maestranza para financiar el Instituto Argentino de Capacitación para el Comercio (INACAP), herramienta ideada originalmente para generar mano de obra calificada.

En la CGT contaron que ahora existe un riesgo paralelo para la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), que conduce Armando Cavalieri: que también se quite el 0,50% con el que se financia esa federación.

Temor

El temor en los gremios es a qué sucederá en el corto plazo. Tras la publicación del decreto, esta misma madrugada empezó a circular el texto entre sindicalistas y abogados de gremios de la CGT.

El abogado de un poderoso gremio hizo por chats consultas a colegas de otros gremios. Todos seguían estudiando el texto en la tarde de este gremio. Pero según ese abogado del decreto surge un "conflicto subyacente, el del principio de reciprocidad entre empleadores y empleados en la negociación colectiva".

Traducido: si le quitan a los empresarios un aporte compulsivo, también lo pueden hacer con los gremios.

El temor está fundado en el famoso DNU 70 de 2024, con el que Javier Milei había dispuesto que debía existir un consentimiento explícito de los trabajadores para que se le retuvieran de sus salarios cuotas sindicales.

El capítulo laboral de ese decreto fue suspendido por la Justicia -lo declaró directamente "inconstitucional"- y el Gobierno buscó después avanzar con reformas en el Congreso, pero no lo logró. Hasta ahora.

En un relevante gremio del sector industrial interpretan el decreto de este miércoles como "un preludio. Vienen por nosotros".

Consultado por Clarín, el gastronómico Luis Barrionuevo recordó que almorzó con Sturzennegger hace ya varios meses. Y que en ese encuentro le recomendó: "No le pisen la cola al león".

Las cuotas solidarias son una caja clave de los gremios. Se entiende fácil: con un porcentaje de sindicalización muy bajo -se calcula alrededor de un 20%-, todos los sindicatos se financian con esa cuota que se les retiene a todos los trabajadores, estén o no afiliados.

El DNU 70 fijaba que cada trabajador debía decidir si quería, o no, que se le descontara. "¿Quién aceptaría?", se pregunta con ironía un abogado de una cámara patronal.